Los consumidores reclaman consumo sostenible, derechos digitales y nuevos servicios financieros como «prioridades» de la UE

Los consumidores reclaman consumo sostenible, derechos digitales y nuevos servicios financieros como «prioridades» de la UE

09/01/2023 Desactivado Por 49k Noticias

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El impulso al consumo sostenible, la defensa de los derechos del consumidor, incluyendo los digitales, y el control de los servicios financieros son algunas de las «prioridades» que, según la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), de la que forman parte las españolas OCU, CECU y Asufin, deberían guiar la hoja de ruta de la presidencia rotatoria de Suecia al frente del Consejo de la UE durante los primeros seis meses del año, antes de que España le tome el relevo el próximo 1 de julio.

Así lo defendió la organización en un comunicado en el que animó a la presidencia sueca a que se «esfuerce» por ofrecer «beneficios claros» a los consumidores europeos, que, a su juicio, «se están viendo gravemente afectados por la crisis del coste de la vida».

Tras puntualizar que, durante los próximos seis meses, «habrá mucho en lo que trabajar» en este ámbito a nivel europeo, la entidad hizo un repaso de las iniciativas que juzgó «clave» y para las que, según su criterio, el mandato de la presidencia sueca «será decisivo».

Respecto a la propuesta de Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, consideró que se trata de «un paso en la dirección correcta» que, sin embargo, «aún requiere algunas mejoras» y dijo esperar que la presidencia sueca «llegue a un acuerdo» sobre ella.

Por lo que se refiere al Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, advirtió de que la propuesta para «revisar y ampliar» el alcance de la Directiva sobre diseño ecológico existente «debe hacer que los productos sostenibles y duraderos sean la norma» mediante el establecimiento de «requisitos más estrictos» ya en la etapa de diseño.

En paralelo, reivindicó que la revisión de «varias leyes clave» sobre eficiencia energética, energías renovables, electricidad, gas o rendimiento de los edificios debe «mejorar considerablemente» la capacidad de los consumidores para «cambiar» a sistemas de calefacción y refrigeración «más sostenibles».

DERECHOS DIGITALES Y SERVICIOS FINANCIEROS

En cuanto a las directivas de responsabilidad por los daños producidos por productos defectuosos y por la Inteligencia Artificial (IA), aseveró que «se necesita con urgencia una modernización y una mayor armonización de las normas de responsabilidad civil de la UE para que se adapten mejor a la era digital».

Por lo que respecta a la Ley de Inteligencia Artificial, reiteró que el reglamento propuesto «debe mejorarse» con el fin de «proteger» a los consumidores del «daño económico» y la posible «discriminación» causados por los usos comerciales de la IA.

En relación a la Ley de Resiliencia Cibernética, estimó que esta «importante» nueva propuesta de legislación debe «garantizar» que los productos conectados y los servicios asociados sean ciberseguros «por diseño y por defecto».

En referencia a su estrategia sobre inversión minorista, señaló que la UE debería prohibir el pago de incentivos financieros a los asesores financieros para «evitar conflictos de intereses» y garantizar que los consumidores «reciban un asesoramiento adecuado e imparcial».

Por lo que se refiere a la Directiva de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros, estimó «fundamentalmente importante» tener en cuenta las «nuevas prácticas» utilizadas para dirigirse a los consumidores con productos financieros.

Asimismo, hizo referencia al Espacio Europeo de Datos Sanitarios, convencida de que la propuesta de reglamento debe «garantizar» que dichos datos estén «fuertemente protegidos» al tiempo que permite su uso para los servicios sanitarios y la investigación sanitaria «en interés público».

Por último, afirmó que el marco de la UE para la resolución alternativa de disputas para los consumidores «debe mejorarse» y urgió a «fortalecer» la red de Cooperación para la Protección del Consumidor y la «coordinación» de las autoridades nacionales encargadas de «hacer cumplir la ley» en este ámbito.